Las organizaciones indígenas del pueblo Awajún lanzaron una alerta urgente ante el incremento de violencia sexual infantil en la provincia de Condorcanqui. Rosmery Pioc, lideresa del Consejo Awajún Wampis, informó que solo en lo que va del año se han registrado más de 15 nuevos casos, sumándose a una crisis que el Estado peruano no logra contener aún, en enero se reportaron 13 casos y en febrero la cifra superó los 15. La gravedad de la situación es extrema: las defensoras comunitarias han documentado abusos contra niñas de apenas 3, 4 y 5 años.
Además del trauma físico y psicológico, la lideresa advirtió que varias menores han sido diagnosticadas con VIH tras las agresiones.»Las viol4c1ones nunca pararon; al contrario, se han ido incrementando. Recibimos casos a diario», señaló Pioc, quien también denunció que las defensoras indígenas enfrentan amenazas por visibilizar estos delitos.
Las barreras de la justicia:
La comunidad Awajún identificó dos obstáculos críticos para lograr justicia; debido al acceso geográfico, muchas víctimas no pueden asistir a las diligencias en cámaras Gesell debido a las enormes distancias y la falta de recursos económicos para trasladarse a las sedes judiciales. Esto provoca el archivo de los expedientes.
Por otra parte, existe un temor generalizado por la reincorporación de profesores investigados. «Muchos están libres y volverán a las aulas. No ha habido docentes capturados o condenados por estos actos», denunció la dirigente. El Estado se retira por «falta de presupuesto». A pesar de que el Ministerio de Educación reportó la separación de 273 trabajadores del sector a nivel nacional, la realidad en Condorcanqui es de abandono.
Pioc denunció el retiro de 36 profesionales de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Centro de Emergencia Mujer (CEM) por recortes presupuestarios.Esta falta de personal pone en riesgo de impunidad a más de 800 denuncias acumuladas en la zona. Ante la inacción, una delegación de mujeres Awajún en representación de Rosmery Pioc ha viajado a Lima para exigir medidas concretas y presencia efectiva en el territorio por parte del gobierno de Balcázar, más allá de las promesas en vacío.
