El Congreso de la República alista una nueva inhabilitación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Se trata del informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, en el que se recomienda la denominada “muerte civil” de la extitular del Ministerio Público, así como su inhabilitación para ejercer la función pública por diez años.
Este informe final ya había sido aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con 16 votos a favor. Según se detalla, la fiscal habría incurrido en acciones inconstitucionales al presentar la Denuncia Constitucional 549 contra los legisladores José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y otros siete parlamentarios.
Los mencionados congresistas respaldaron con su voto un dictamen que buscaba que los congresistas pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional recibieran tanto su remuneración como congresistas como su pensión.
Según argumentó Espinoza en su momento, ello constituiría el delito de negociación incompatible, es decir, un aprovechamiento indebido del cargo para obtener un beneficio propio.
