La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, reveló que dicha institución está evaluando sumarse a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra dos leyes aprobadas por el Congreso de la República.
Se trata de la Ley 32130, que otorga a la Policía la dirección de la investigación preliminar; y a la Ley 32107, que modificó la imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
En una entrevista a El Comercio, la magistrada enfatizó al mencionar que el Parlamento no debe seguir legislando sin tener en cuenta las implicaciones de sus decisiones.
«El Congreso ha tomado decisiones sin escuchar a quienes aplicamos las leyes todos los días. La Fiscalía ya presentó demanda de inconstitucionalidad y vamos a evaluar también la posibilidad de sumarnos a esa demanda», sostuvo.
Asimismo, Tello afirmó que «no tiene que haber impunidad, en ningún caso» en referencia a Ley 32107.
«Tenemos un análisis que estamos terminando con exposiciones claras, en el sentido de tener ya una jurisprudencia que va en la línea de la no prescriptibilidad de los delitos de esa naturaleza y que va de la mano con los pronunciamientos de los órganos de justicia internacionales», aseguró.
Consultada sobre si las acciones del Poder Judicial podrían ser vistas como una intromisión en las competencias del Congreso, aseguró que la verdadera intromisión sería al revés.
«La Constitución establece claramente que ninguna autoridad puede abocarse a los procesos de conocimiento del Poder Judicial. Tenemos que ver los límites, todos tenemos competencias, atribuciones y obligaciones que están establecidos en nuestro marco constitucional. Lo que señala la Constitución es que somos tres poderes del Estado en igualdad de condiciones», apuntó.
