El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacado este martes 7 de octubre mientras cumplía actividades oficiales en la provincia de Cañar, en medio del paro nacional que impulsa la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el cual ya cumple 16 días de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
Según información del Gobierno, un grupo de personas arrojó piedras e incluso realizó disparos contra el vehículo presidencial en el cantón Tambo. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, denunció ante la Fiscalía un intento de asesinato y confirmó que hubo impactos de bala en el automóvil del mandatario. Cinco personas fueron detenidas y, según la Policía, serán procesadas por terrorismo e intento de asesinato.
Un país dividido entre el reclamo social y la seguridad del Estado
El ataque se registró cuando Noboa se desplazaba hacia Cuenca, donde inauguró laboratorios educativos y entregó obras de saneamiento por más de 6 millones de dólares. Durante su discurso en la Unidad Educativa Manuel J. Calle, el mandatario hizo un llamado a la convivencia pacífica y rechazó cualquier forma de violencia:
“Hoy es momento de luchar por el desarrollo de manera pacífica, inteligente y colectiva. No sigan los malos ejemplos de quienes buscan impedir el trabajo del Gobierno. La ley aplica para todos”, expresó.
El paro nacional convocado por la Conaie mantiene bloqueadas carreteras en al menos cuatro provincias del país. Las manifestaciones, que comenzaron tras el aumento del precio del diésel —de 1,80 a 2,80 dólares por galón—, han derivado en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Derecho a la protesta y condena a la violencia
Desde el Ejecutivo, la ministra Inés Manzano aclaró que el ataque al convoy no puede atribuirse a las comunidades indígenas movilizadas.
“Las comunidades ancestrales no están involucradas; son células criminales las que están provocando estos actos de terrorismo”, señaló.
Por su parte, la Conaie denunció una “brutal acción policial y militar” contra los manifestantes que se concentraron en Tambo durante la llegada del presidente, y sostuvo que cinco comuneros fueron detenidos de manera arbitraria.
El movimiento exigió al Gobierno garantizar el derecho a la protesta y la resistencia pacífica, reconocido por la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales de derechos humanos.
Organismos defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta social en Ecuador, e instan a que las investigaciones sobre el ataque se realicen con transparencia y sin prejuicios hacia los pueblos indígenas.
El Gobierno refuerza la seguridad presidencial
El Ejecutivo anunció que reforzará la seguridad del presidente Noboa y que los responsables del ataque serán llevados ante la justicia. En su discurso, el mandatario advirtió que sectores radicales buscan “impedir las reformas políticas” y reiteró que su gestión “seguirá trabajando en cada rincón del país”.
“Dispararle al carro del presidente, dañar bienes del Estado y atacar obras públicas no tiene nada de pacífico. Son actos criminales”, sostuvo Manzano.
